A pesar de la tan nombrada democracia socialista promulgada en Cuba por sus dirigentes al mundo después del triunfo de la Revolución y la exaltación de sus ventajas en comparación con la democracia capitalista, la historia real ha corroborado todo lo contrario. Los ciudadanos cubanos han tenido restricciones y se han visto privados de los más elementales derechos, prácticamente desde el mismo inicio de la etapa postrevolucionaria, siendo algunas de estas prohibiciones inverosímiles y cayendo muchas veces en el marco de lo absurdo.
Un cubano de mi generación sabe perfectamente —y si no lo sabe es porque quiere olvidarlo— que en la década de los años 60, a partir del fuerte movimiento migratorio de personas ocurrido en el país, huyendo de las medidas radicales del Gobierno ya con reflejos a una clara tendencia socialista, era prohibido por las autoridades cubanas mantener relaciones de cualquier tipo con familiares y amigos que habían tomado la decisión muy personal de irse del país, tildándolos de apátridas, traidores y poniéndoles el mote de “gusanos”. Las represalias tomadas con quienes incumplían esta indicación eran funestas: no podían acceder a determinados puestos laborales ni podían ingresar en determinados centros educativos, privándolos también de otros derechos ciudadanos, por el simple hecho de pensar de forma diferente a la doctrina impuesta por el Estado, dirigido, como ya sabemos, por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
Esta medida llegó al extremo de que, en las cuadras, la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) vigilaba la distribución de correspondencia por los carteros a los vecinos para comprobar si algún sobre postal tenía timbre extranjero, con el objetivo de anotar a los encartados en una “lista” que después era enviada a las autoridades del régimen.
En aquellos primeros tiempos, a las personas que decidían salir definitivamente del país se les “sellaba” la casa y se les despojaba por el Estado de todas sus propiedades y pertenencias personales, sin excepción alguna, las cuales pasaban automáticamente a control y distribución de las autoridades del Gobierno según su conveniencia. Además, los cubanos necesitaban ser autorizados a viajar al exterior mediante un permiso de salida o “tarjeta blanca” y una carta de invitación, aun cuando su salida no fuera definitiva, medida que estuvo vigente desde 1961 hasta enero de 2013.
Se prohibió también el ejercicio en el territorio nacional de todo tipo de propiedad privada, medida que se intensificó y radicalizó después en el año 1968 con la llamada “Ofensiva Revolucionaria”. Asimismo, quedó prohibida la compraventa de casas y autos entre personas naturales, restricción que se mantuvo vigente hasta 2011.
Desde el momento en que se declaró públicamente el carácter socialista de la Revolución cubana, se inició una ofensiva abierta contra los ciudadanos que profesaban alguna fe religiosa. Católicos, protestantes, Testigos de Jehová, creyentes sincréticos y otros fueron reprimidos y expulsados de sus centros de trabajo y estudio y, en muchos casos, enviados a realizar trabajos forzados en granjas agrícolas-militares creadas al efecto.
Tal fue el caso de las denominadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), establecidas por el Gobierno cubano entre 1965 y 1968, principalmente en Camagüey, que funcionaban como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para “elementos desafectos” o considerados socialmente desviados, lo que incluía, además de a los religiosos, a homosexuales, intelectuales y opositores, quienes sufrieron condiciones muchas veces inhumanas.
Durante el período conocido como el “Quinquenio Gris” (1971–1976) se produjo una fuerte represión, censura y marginación contra intelectuales, artistas y homosexuales considerados “diversionistas ideológicos”, quienes fueron excluidos de publicaciones, medios de comunicación y puestos docentes. Muchos se vieron obligados a abandonar el país; otros murieron en el olvido, y una parte logró retomar sus vidas cuando cambió esa política absurda, sin que jamás recibieran una disculpa oficial del Gobierno.
El pueblo cubano siempre ha sido profundamente creyente y arraigado a sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, desde 1969 la Navidad fue prohibida en Cuba porque el máximo líder del país no quería saber de ninguna celebración religiosa, calificándola como “diversionismo ideológico”. Esta medida cambió en enero de 1998 con la visita del Papa Juan Pablo II, flexibilizándose en cierta medida la libertad religiosa.
La tenencia y posesión de dólares fue prohibida y considerada ilegal desde principios de los años sesenta hasta 1993, cuando fue despenalizada debido a la grave crisis económica que atravesaba el país. Esta política ha tenido altibajos: pasó por la sustitución del dólar por el Peso Cubano Convertible (CUC), luego por las tarjetas de Moneda Libremente Convertible (MLC), hasta llegar a la actual dolarización parcial.
En mi adolescencia, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, sufrí las absurdas prohibiciones de llevar el pelo largo, masticar chicle, escuchar música rock en inglés y usar pantalones ajustados, considerados símbolos de hippies, antisociales y vagos. Posteriormente, raparse el cabello fue interpretado como señal de protesta y también se prohibió.
Tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973, se prohibió en Cuba la difusión de canciones de artistas que participaron en el Festival Viña del Mar durante su mandato, como Roberto Carlos, Mari Trini, José Luis Rodríguez “El Puma”, Julio Iglesias y Miguel Bosé.
Después de la caída de la Unión Soviética y el inicio del llamado “Período Especial”, los cubanos tuvieron prohibido hospedarse en hoteles destinados al turismo internacional hasta marzo de 2008, cuando Raúl Castro eliminó esta segregación.
Una de las principales prohibiciones fue la imposibilidad de afiliarse a partidos políticos u organizaciones distintas a las autorizadas por el Estado, recogido en la Constitución de 2019 que ratifica al PCC como única fuerza dirigente.
Los trabajadores no pueden afiliarse a sindicatos distintos a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en contradicción con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La doble ciudadanía estuvo prohibida durante muchos años y, aunque se modificó en 2019, se mantiene el principio de “ciudadanía efectiva”, permitiendo a los cubanos solo entrar y permanecer en el país con pasaporte de Cuba.
La telefonía móvil solo se autorizó para los cubanos en 2008, y el acceso a internet doméstico comenzó en 2017, con datos móviles en 2018.
Como nos hemos podido percatar, no existe ninguna otra nación en el mundo declarada democrática que haya impuesto tantas prohibiciones y restricciones a sus ciudadanos como lo ha hecho Cuba. Las aquí mencionadas son solo algunas de las principales que han sufrido quienes han vivido todas las etapas desde 1959.
Aunque en la actualidad se percibe cierto grado de flexibilidad en comparación con los primeros años de la Revolución y algunas prohibiciones han sido modificadas o eliminadas parcialmente, las restricciones políticas e ideológicas, así como las carencias de libertades individuales, continúan siendo una realidad cotidiana. Las transformaciones anunciadas no han logrado desmontar la estructura profunda de control que se fue construyendo durante décadas sobre la vida del ciudadano común.
La llamada Nación de las Prohibiciones no solo reguló conductas externas, sino también pensamientos, gustos, creencias y aspiraciones. Marcó generaciones enteras con el miedo a disentir y con la costumbre de obedecer. Enseñó a vivir entre lo permitido y lo prohibido, entre el silencio y la resignación.
Hoy, cuando se observan los efectos acumulados de ese largo proceso, resulta evidente que la verdadera reconstrucción de Cuba no pasa únicamente por reformas económicas ni por cambios administrativos, sino por la recuperación plena de la dignidad cívica del individuo: el derecho a pensar sin temor, a creer sin castigo, a expresarse sin consecuencias y a elegir sin imposiciones.
Ninguna nación puede considerarse realmente democrática mientras sus propios ciudadanos no puedan ejercer plenamente su libertad, y ninguna sociedad logrará sanar por completo mientras permanezca bajo la sombra de las prohibiciones que, en su momento, le enseñaron a desconfiar incluso de sí misma.
