La historia de los “apagones” en Cuba llegó juntamente con la Revolución y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos y de los muchos “inventos” que han experimentado y aplicado los dirigentes del Gobierno a lo largo de más de sesenta años, llegó para quedarse. Uno de estos experimentos fue la llamada “Revolución Energética”, ideada y desarrollada por el máximo líder cubano en la primera década del siglo XXI y que, como la mayoría de sus grandes sueños, desembocó en otro gran fiasco.
Al jefe de la Revolución, con ese afán de ejecutar eventos espectaculares y campañas sensacionalistas con nombres rimbombantes, se le ocurrió esta vez sustituir los viejos equipos electrodomésticos norteamericanos y los ineficientes aparatos soviéticos que se vendieron después del 59 por equipos de procedencia china, y dar una guerra sin cuartel a los bombillos incandescentes, sustituyéndolos por bombillos “ahorradores”. Hasta ese momento, este viejo y obsoleto equipamiento eléctrico había estado presente en la mayoría de los hogares cubanos durante varias décadas, salvo algunas excepciones: familias con más recursos y viviendas de dirigentes del Gobierno, que contaban con equipos más modernos del área capitalista, adquiridos en las tiendas de venta en divisas del país o en los viajes al extranjero que efectuaban respectivamente.
De forma general, este proyecto fue presentado como la solución definitiva a los problemas energéticos que venía confrontando el país, destinado a reducir la dependencia del millonario consumo de petróleo importado, modernizar la infraestructura energética de la población sustituyendo los viejos equipos por otros relativamente más modernos, así como impulsar el uso de energías renovables para aliviar la producción de energía en las viejas e ineficientes plantas termoeléctricas. Para este último propósito, se adoptó la decisión de importar enormes cantidades de grupos electrógenos para ser interconectados de forma permanente al sistema electroenergético nacional y utilizarlos, en menor cuantía, como plantas auxiliares en hospitales y otros lugares.
Todo lo anterior, dicho con esas palabras, parecía algo loable y nada descabellado, y las autoridades lo presentaron como un paradigma en el uso racional de los recursos energéticos del país. Sin embargo, la realidad fue mucho más rica y demostró todo lo contrario.
En primer lugar, los famosos grupos electrógenos que se compraron e instalaron por miles en todo el territorio nacional para interconectarlos de forma permanente al sistema electroenergético son equipos concebidos en el mundo para ser utilizados de manera emergente y por poco tiempo, no para operar de forma prácticamente continua, lo cual reduce significativamente su vida útil. Cuando se producía una falla de generación en la red nacional —algo que sucedía con bastante frecuencia y por varias horas diarias— estos grupos electrógenos tenían que comenzar a funcionar de manera ininterrumpida para suplir la falla y mantener el servicio eléctrico durante muchos días.
Estos equipos necesitaban además combustibles con determinados parámetros de calidad (diésel) y no el petróleo pesado de producción nacional, altamente corrosivo por su elevado contenido de azufre, que al emplearse de forma permanente disminuía su eficiencia y su tiempo de uso. A ello se sumaba el enorme e insostenible costo de transportación de ese combustible hacia los diversos puntos del país donde se encontraban instalados.
Por último, estos equipos, funcionando casi de manera continua, requerían un mantenimiento elevado y frecuentes cambios de piezas y agregados, todo ello adquirido en el exterior en divisas convertibles, lo que, dadas las condiciones de crisis económica que confrontaba el país, no resultaba viable en absoluto.
Es por ello que, a la larga, todo esto resultó un rotundo fracaso y conllevó un elevado costo económico irreparable y, lejos de favorecer, perjudicó aún más la situación del país.
Un ejemplo de lo descabellado de estas ideas —y que, por suerte, en este caso no pudo llevarse a cabo— fue el anuncio por parte del máximo dirigente de la Revolución de la posibilidad de que, en un momento determinado, estos grupos electrógenos sustituyeran de forma total a las plantas termoeléctricas tradicionales. ¿?
Para quienes, como es mi caso, vivimos esa triste etapa postrevolucionaria, el reemplazo de los electrodomésticos y los bombillos incandescentes resultó también un acontecimiento bastante penoso y deprimente. Recuerdo que en mi casa teníamos un refrigerador norteamericano marca Frigidaire, adquirido por mis padres antes de mi nacimiento, que nunca tuvo el menor fallo y que aún funcionaba cuando nos obligaron a cambiarlo por un reducido refrigerador chino Haier, al que el picaresco humor cubano bautizó como el “lloviznao”, porque chorreaba agua por todas partes sin que nunca supiéramos —ni nos explicaran— el motivo. Todos los bombillos instalados en las distintas áreas de la casa tuvieron que ser sustituidos, sin lugar a réplica, por bombillos “ahorradores”, también de procedencia china y de dudosa calidad, pues se fundían en corto tiempo y con relativa frecuencia.
Todo esto resultó un gran desastre y un engaño mayúsculo para todos los que, como yo, caímos en la trampa de la sustitución, ya que, al cabo de apenas dos años, aquellos equipos comenzaron a presentar fallas y a romperse sin que existiera una respuesta eficaz por parte del Estado para su reparación. Las colas interminables en los talleres se convirtieron en el “plato fuerte” de cada día, y la falta de piezas, las justificaciones constantes y la venta ilícita de repuestos “por detrás del telón” pasaron a ser temas cotidianos.
Pero, además, como ocurriera en otras ocasiones anteriores, aquello fue también una gran estafa, pues los módulos de electrodomésticos y bombillos nuevos fueron vendidos por el Estado a la población mediante créditos pagaderos en cuotas, con plazos que se extendían hasta diez años, mientras que por los equipos y bombillos viejos nadie recibió un solo centavo.
Resultaba doloroso ver cómo miles y miles de refrigeradores, aires acondicionados y otros equipos eran lanzados indiscriminadamente sobre los camiones, muchos aún funcionando a la perfección, y cómo, a cambio, la población recibía aquellos equipos chinos por los que quedaba endeudada durante largo tiempo. Lo más triste era que a muchos se les rompían los equipos mucho antes de terminarlos de pagar y, en casos aún peores, debían continuar pagando por un equipo con el que ya no contaban.
Poco tiempo después se filtró la información de que aquellos equipos de refrigeración requisados por el Estado cubano sin ningún costo fueron vendidos como chatarra a China al precio de entonces: 340 dólares la tonelada. ¡Negocio redondo! Era la “ley del embudo”, como se dice en buen cubano.
Muchos calificaron esta operación como un “mecanismo macabro y cuidadosamente premeditado”: primero, el despliegue de una amplia campaña propagandística y psicológica para inducir a la población a cambiar sus viejos equipos, y luego la ventajosa operación financiera del Gobierno cubano con el siempre expectante país asiático.
La sustitución de fogones de kerosene y, en muchos casos, de gas licuado, por módulos electrodomésticos como cocinas eléctricas, ollas de presión multipropósito —popularmente llamadas Reina—, ollas arroceras, cazuelas de inducción y otros artículos similares no fue una opción libre, sino más bien una imposición gubernamental como parte de este proyecto de “Revolución Energética” que estremeció al país de punta a cabo. De esta forma, no quedaron otras alternativas para los cubanos a la hora de cocinar que no fueran aquellos artefactos eléctricos que, a la larga, resultaron ser grandes consumidores de energía.
Poco tiempo después, la inestabilidad del sistema eléctrico nacional y el elevado precio del consumo eléctrico, tras la descomunal subida de las tarifas, agravaron la situación de muchas familias, que tuvieron que recurrir nuevamente a los antiguos métodos tradicionales de cocción, esta vez en peores condiciones y muchas veces de forma improvisada. Con este proceso se suspendió o se redujo de manera significativa, en la mayoría de las provincias del país, la venta de gas licuado y otros combustibles domésticos destinados a la cocción de los alimentos, pues, según los expertos, estos “ya no serían necesarios”.
En muchas casas quedaron arrinconadas en un rincón de la cocina la otrora útil olla Reina, la hornilla eléctrica y las cazuelas de inducción, como si fueran un ejército de utensilios inútiles, debido a los continuos cortes eléctricos. En no pocos casos, las sufridas amas de casa tuvieron que recurrir a una rústica cocina de leña para garantizar la —también ahora— escasa comida de la familia.
Como hemos podido apreciar, esta tan cacareada “Revolución Energética” fue, en realidad, una “revolución” pero sin energía garantizada. Al igual que otras tantas “revoluciones” anunciadas, proclamadas y desarrolladas en el país —la educacional, la agrícola, la azucarera, entre otras— se convirtió en otro fiasco más. Lejos de haber sido una “revolución energética”, bien podría calificarse como un “desastre energético”, que sumió aún más al país en una crisis de la que nunca ha logrado recuperarse.
La falta de visión a largo plazo de las autoridades estatales y las incuestionables improvisaciones realizadas durante todos estos años no han resuelto en absoluto el problema energético del país, que hoy por hoy se encuentra peor que nunca y cuya situación se vislumbra aún más grave debido a la carencia de recursos financieros para rehabilitar sus plantas de generación eléctrica y adquirir el combustible necesario en el exterior, ahora imprescindible tras la paralización de la extracción de petróleo nacional.
