Siempre me caractericé por ser un buen estudiante y mi etapa como estudiante universitario no podía ser diferente. Al terminar la carrera, tuve un magnífico resultado académico, culminando con un promedio general de 4.8 en base a 5 puntos y en el Trabajo de Diploma obtuve calificación de excelente. Dejando a un lado la falsa modestia, empiezo este relato con estos datos para justificar de alguna manera la enorme frustración y desilusión que tuve cuando en el mes de mayo de 1980, faltando apenas 30 días para mi graduación, recibí un telegrama por el correo postal, donde se me informaba que había sido asignado para cumplir el Servicio Social en la Planta de laminados metálicos de Las Tunas, en el oriente del país, a 610 Kilómetros de la capital.
La Ley 1254 de 2 de agosto de 1973, Ley del Servicio Social, establecía la obligación de cada estudiante recién graduado de la enseñanza media superior o superior de laborar obligatoriamente durante un período de tres años en aquella entidad donde se le ubicara por el Estado cubano, en cualquier parte de la isla. En caso de incumplimiento injustificado del estudiante del Servicio Social, se le inhabilitaba del ejercicio profesional en todo el territorio nacional.
De esta manera, a partir de esta Ley, se empezaba a desmoronar el mito de la tan cacareada educación gratis en Cuba y tras la “loable” intención del Gobierno de “… poner los conocimientos de los graduados cubanos al servicio de la sociedad en cualquier lugar donde se necesite … “, los verdaderos objetivos de esta acción quedaban bien claros, estos eran, que los graduados debían retribuirle al Estado cubano los gastos generados por el sistema de enseñanza para la obtención de su título universitario. Por lo tanto, el concepto de “gratuidad de la enseñanza”, quedaba totalmente en evidencia.
En esa época, el Estado era el único empleador en el país y decidía sobre el destino de los graduados de la enseñanza superior y media superior, en una posición un tanto fascistoide, donde los graduados no tenían absolutamente ningún poder de decisión. Además, los salarios de miseria que percibían en los lugares donde eran ubicados (198.00 pesos los universitarios y 148.00 pesos los técnicos medios durante los tres años de Servicio Social) no estaban ni remotamente acordes a su calificación ni al salario estándar establecido en cualquier otro lugar del mundo para personas con ese mismo nivel y título educacional.
En su inmensa mayoría, los graduados en Universidades y otros Centros de estudio de la enseñanza superior o media superior de la capital eran ubicados en zonas intrincadas y de difícil acceso, en los más remotos lugares de otras provincias del país, donde las condiciones casi siempre no eran las mejores, acomodándolos improvisadamente en albergues, viviendas colectivas o casas de tránsito estatales, debiendo permanecer en estas condiciones por un periodo de tres años. En esta decisión, también existía otro objetivo solapado, que era tratar de sacar la mayor cantidad de personas jóvenes de La Habana, que ya había sobrepasado por mucho los límites de su capacidad poblacional, con la esperanza de que después de los tres años de estancia en otras provincias se asentaran en ellas y no regresaran a la capital. Atendiendo a esta medida, miles y miles de graduados de la capital se vieron un buen día y casi sin pensarlo, montados en un incómodo y ruidoso tren, conducidos hacia un lugar y un destino totalmente desconocido para ellos del que quizás nunca más retornarían.
Si había algo que tenía bien claro y completamente decidido en esa etapa de mi vida era que bajo ningún concepto iba a irme para Las Tunas a cumplir aquel mandato estatal para mí inadmisible; primero, porque pensaba que era injusto y no lo merecía, dado mis buenos resultados docentes alcanzados, y segundo, porque no estaba dispuesto a alejarme de mi familia, de mi novia, de mi casa y de mi ambiente tradicional, solo por cumplir una decisión arbitraria de un puñado de burócratas gubernamentales que se agenciaban el derecho de decidir sobre mi vida. Sabía también las graves consecuencias que aquella decisión me podía costar, al ser inhabilitado de ejercer mi carrera y, por lo tanto, esfumarse todo aquello que había siempre soñado, que tantos sacrificios me había costado y por lo que había luchado incansablemente durante 5 largos años. Eso sería también una gran frustración para mis padres, a los que tanto debía el haber terminado exitosamente mi carrera. Es por ello, que tracé un plan muy bien elaborado y dos semanas después de haber recibido el funesto telegrama, me presenté en la Dirección de recién graduados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ubicado en el Vedado capitalino, con un viejo portafolio donde guardaba cartas alusivas a supuestos graves problemas personales en mi casa y Certificados médicos de un también supuesto trastorno mental que estaba padeciendo. No sé a ciencia cierta si fue por aquellos papeles (que apenas leyeron) o fue por la extensa y bien articulada alocución que le hice y tuvo que soportar por más de 30 minutos aquel pobre funcionario, pero el caso fue que finalmente logré mi objetivo, eludir irme para Las Tunas y quedarme trabajando en La Habana. Claro, todo esto no sucedió sin que tuviera que afrontar algunas consecuencias. Debido a mi negativa de ir para Las Tunas, en clara represalia, me ubicaron en un polvoriento y sucio taller de fundición ubicado en un barrio marginal de San Miguel del Padrón, donde el entorno, el lugar y las condiciones de trabajo eran pésimas, las cuales tendría obligatoriamente que soportar por espacio de los tres años correspondientes al cumplimiento del Servicio Social.
En el mes de junio de ese mismo año me gradué como Ingeniero Industrial, en una ceremonia que se efectuó en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ubicado en Centro Habana, donde concurrí en unión de mi querida y emocionada madre a la que después de darle un fuerte abrazo, inmediatamente le entregué mi tan codiciado y esperado Diploma de graduado.
Quedaba totalmente demostrado que las famosas gratuidades de la educación en Cuba no eran más que una gran falacia y que los estudiantes después de graduados debían pagar con creces los gastos incurridos en su formación. Primeramente, no existían ni se permitían las Escuelas privadas en Cuba, por lo que, alguien que hubiera querido pagar por los estudios de sus hijos, no hubiera podido y estos estaban obligados irremediablemente a tener que asistir a las Escuelas tecnológicas y Universidades públicas estatales, donde los sistemas de estudio eran regidos completamente por el Estado y su destino final, después de graduados, también estaba en manos de este. Por consiguiente, la famosa Ley de Servicio Social no era más que la más burda materialización de este último concepto. En segundo lugar, al ser el Estado el único empleador, diseñaba y aplicaba a los graduados universitarios los salarios que le venía en ganas, de una forma arbitrariamente uniforme y general, y estos salarios eran verdaderamente ridículos y vergonzosos si los comparamos con los que recibían en cualquier país del mundo similares profesionales con la misma calificación. Con esto, el Estado recuperaba la mayor parte de los gastos incurridos en el sistema de enseñanza para la formación de los estudiantes hasta el momento de su graduación. Finalmente, lo que resultaba más bochornoso era que, a partir de su inserción en la vida laboral, comenzaba un explícito proceso de explotación de estos profesionales, al no retribuirles en grado alguno sus servicios con un ingreso monetario acorde con su nivel profesional y desempeño.
A partir de la derogación de la Ley 1254 de 1973 y la implantación de la nueva Ley 116, el 20 de diciembre de 2013, algunas cosas cambiaron, aunque se mantuvo invariable la esencia de la política anterior. Con la ampliación del espectro económico de la sociedad cubana y la proliferación del trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal como fueron las famosas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el Estado dejó de ser el único empleador en la sociedad cubana, aunque sí se mantuvo como el único que planificaba y regía los destinos de los graduados de la enseñanza superior y media superior. El cumplimiento del Servicio Social siguió siendo obligatorio si el graduado quería desempeñarse como profesional y deseaba trabajar para entidades estatales. Sin embargo, este no era un requisito para cumplir si el graduado pretendía laborar para una entidad privada o abrir su propio negocio, pero en este caso, no podía trabajar como profesional, o sea, no se le permitía ejercer la carrera de la cual se graduó y su título no tenía ninguna validez. Independientemente de esta latente amenaza, fueron cada vez más los graduados en enfrentar este desafío. Miles de graduados universitarios decidieron abandonar el Servicio Social y, por ende, su título universitario, e incorporarse a una cafetería, una tienda, un taller o a cualquier otro lugar del cuentapropismo donde podían ganar el doble y hasta el triple de lo que les pagaba el gobierno en cualquier entidad estatal.
Esta triste realidad representaba una clara evidencia del total fracaso del régimen con su tan cacareado “destacado sistema de enseñanza”, que para nada era gratuito y donde el supuesto mercado laboral que debería existir para los profesionales después que se graduaban, no estaba asegurado en lo absoluto ni era dignamente remunerado en las entidades estatales. El Servicio Social en sus dos etapas mencionadas, con sus grandilocuentes preceptos altruistas, pero con sus ocultos obscuros objetivos, resultó ser una prueba más de la siempre pretendida justificación del sistema gobernante cubano a su política obsoleta y fallida, que ya a nadie engaña, que está destinada irremediablemente al fracaso.
