El tercer año del segundo milenio comienza con sucesos importantes que trascendieron en la vida política de Cuba y que fueron objeto de seguimiento y crítica por parte de la opinión pública internacional, poniendo una vez más en duda la cacareada “democracia socialista” que tanto promulgaban los adictos seguidores del régimen.
Me permito comenzar esta narración con una breve retrospectiva que permita poner en contexto esta inusual historia, muy poco divulgada por los medios oficialistas, pero que tuvo una importante repercusión a nivel internacional.
En 1998 surge por primera vez la idea y redacción original del denominado Proyecto Varela, promovido por Oswaldo Payá Sardiñas y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL). Este proyecto se apoyaba fundamentalmente en el artículo 88, inciso g, de la Constitución de la República de Cuba, vigente desde 1976, que permitía a los ciudadanos cubanos proponer iniciativas legislativas si se alcanzaban como mínimo 10.000 firmas registradas.
Entre los aspectos más importantes que recogía esta propuesta figuraban:
• Libertad de expresión y de
prensa.
• Libertad de asociación y de
reunión.
• Amnistía para presos políticos
que no hubieran cometido delitos violentos.
• Libertad para iniciar empresas
privadas.
• Reformas al sistema electoral
para permitir múltiples candidatos y elecciones libres.
Los promotores del proyecto lograron reunir 11.020 firmas, que fueron presentadas oficialmente ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de mayo de 2002.
La respuesta inmediata de la Presidencia del máximo órgano legislativo del país fue no permitir el debate del proyecto ni llevarlo a referéndum en el pleno de la Asamblea. En su lugar, presentó una contrapropuesta que avalara el carácter irrevocable del sistema socialista en la Constitución cubana. Entre los meses de junio y julio de 2002, el gobierno desplegó una amplia campaña política a nivel nacional para la recogida de firmas de apoyo a esta propuesta en todas las instancias estatales y organizaciones políticas y de masas, tales como el Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y otras entidades controladas por el gobierno.
Si eras trabajador, estudiante o un simple ciudadano del país, estabas prácticamente obligado, por todas las vías posibles —como en otras ocasiones—, a estampar tu firma en un acto público dirigido por el PCC para expresar tu “apoyo” a esta propuesta, bajo el riesgo de sufrir severas represalias si no lo hacías. Como dato curioso, puedo decir que hubo muchas personas que firmaron más de una vez, en diferentes escenarios, lo que ponía seriamente en duda la legitimidad del número total de firmas alcanzadas y presentadas públicamente por el gobierno.
Como era de suponer, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó de inmediato la enmienda constitucional que eternizaba el carácter socialista del sistema cubano.
Cinco años después de la concepción de las primeras ideas del controvertido Proyecto Varela, exactamente el 18 de marzo de 2003, el régimen cubano inició una oleada represiva conocida como la “Primavera Negra”, deteniendo a 75 opositores pacíficos —activistas políticos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos—, acusándolos de actuar como “mercenarios” o agentes del extranjero, en particular de los Estados Unidos, y de “atentar contra la independencia del país”. Como resultado de juicios sumarios, se les impusieron condenas que en conjunto superaron los 1.500 años de prisión, por el único delito de hablar y escribir con sinceridad y expresa valentía aquello que sentían y que, además, era la opinión de otras miles —y quizás millones— de personas en todo el país.
Los cargos judiciales presentados contra ellos fueron violaciones de la Ley para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía, así como actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado cubano. Todas las audiencias se realizaron de manera expedita y muchos de los detenidos no tuvieron acceso a abogados independientes antes ni durante los juicios.
Aunque el gobierno cubano negó rotundamente que las detenciones tuvieran relación alguna con el Proyecto Varela, muchos disidentes —incluidos varios de los detenidos— sostienen que la Primavera Negra fue un operativo dirigido a neutralizar dicha iniciativa cívica. Posteriormente se conoció que al menos 21 de las 75 personas detenidas desempeñaron un papel activo en la recolección de firmas o en la organización del Proyecto Varela.
En el momento en que ocurrían estos hechos me encontraba cumpliendo una misión de trabajo en Valencia, España, por lo que no pude enterarme con precisión de todos los detalles de estos sucesos hasta años después y de manera indirecta.
Resulta que, desde hacía varios años, convivía con una pareja en el municipio Playa, en La Habana, y tenía el sano hábito de salir a correr diariamente por las tardes, después de regresar del trabajo, por el paseo central de la céntrica Quinta Avenida. En una de esas ocasiones me topé con una gran multitud de mujeres, todas vestidas de blanco, que marchaban en silencio, de forma organizada y pacífica, portando fotos y carteles a lo largo de una de las sendas principales de la citada avenida. Al regresar a casa y comentar lo sucedido, e indagar sobre ellas, pude enterarme de que se trataba de las ya nombradas y conocidas “Damas de Blanco”.
El movimiento Damas de Blanco fue, precisamente, una de las consecuencias más fehacientes y visibles de la Primavera Negra. Estaba conformado por esposas, madres y otros familiares de las personas detenidas durante esa funesta etapa, quienes marchaban vestidas de blanco reclamando de forma pacífica la libertad de sus seres queridos que aún permanecían en prisión.
Con el transcurso de los años, algunos de los detenidos fueron liberados a cambio de aceptar un exilio forzado, especialmente después de la realización de huelgas de hambre y debido a la fuerte presión internacional ejercida por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Otros, tras cumplir sus condenas y recuperar la libertad, optaron por permanecer en Cuba.
La importancia que tuvo para el país —y para el mundo— este relevante suceso acaecido a principios de la primera década del siglo XXI radica en que representó uno de los primeros y mayores esfuerzos cívicos realizados por la oposición pacífica en Cuba, así como un acto significativo en la lucha por la exigencia de derechos básicos dentro del marco legal del país. Además, trascendió y sirvió de ejemplo, años después, a otros movimientos masivos que surgieron en protesta contra la represión y las arbitrariedades del fallido régimen.
